La Audiencia Provincial de León se prepara para juzgar a Agustín García Millán, exalcalde de Villafranca del Bierzo. Este caso, que ha tardado catorce años en llegar a los tribunales, pone en tela de juicio la gestión de fondos públicos en la acometida eléctrica del polígono de Vilela.
García Millán, junto con dos colaboradores, enfrenta serias acusaciones. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para el exalcalde y tres para cada uno de sus cómplices. Pero el caso va más allá de las penas de cárcel. Se trata de un presunto fraude que involucra más de 200.000 euros de fondos estatales.
El epicentro del escándalo es la obra de electrificación del polígono de Vilela. Iniciada en 2009, esta obra fue financiada por el Plan E, un programa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, las irregularidades detectadas son alarmantes. Según las acusaciones, apenas se ejecutó un 20% del proyecto, a pesar de haberse pagado la totalidad del presupuesto.
El juicio no solo busca esclarecer los hechos, sino también establecer responsabilidades. La Fiscalía argumenta que García Millán y sus colaboradores cometieron prevaricación, fraude de subvenciones y falsedad documental. Además, se les exige la devolución de los 206.000 euros indebidamente recibidos o, en su defecto, la finalización de la obra.
Este caso es un claro ejemplo de cómo la gestión pública puede desviarse de sus principios éticos y legales. La actuación de García Millán, quien en su momento aseguró que la obra estaba completa y correctamente ejecutada, ahora se ve cuestionada por la justicia.
La relevancia de este juicio radica en su capacidad para sentar un precedente en la administración pública. No solo se juzga a un exalcalde y sus colaboradores, sino también se evalúa la integridad de los procesos de gestión y adjudicación de obras públicas.
