El empresario minero Victorino Alonso ha sido condenado a 4 años de prisión y a una multa de más de 24 millones de euros por su papel en la explotación de una mina de carbón. El proyecto, ubicado en la región de Cabrillanes, recibió una licencia urbanística válida solo para un área limitada de suelo rústico común, pero la empresa invadió terrenos municipales adyacentes sin permiso.
El fallo del juez Ángel Luis Hurtado enfatizó los «excesos medioambientales exagerados» cometidos por la promotora, incluyendo la invasión de tierras que no estaban contempladas en la concesión minera. La sentencia confirma que Alonso, como dueño y administrador de la empresa, era responsable de todas las actividades llevadas a cabo por la misma y no se pueden traspasar responsabilidades a otros miembros del personal.