El PSOE de Ponferrada ha decidido llevar a los tribunales la cuestión de las remuneraciones y delegaciones específicas otorgadas a los concejales de Vox, Patricia González y Gerardo González. Esta acción legal, anunciada por el portavoz socialista Olegario Ramón, surge como respuesta a la desestimación de un recurso previo interpuesto por el partido. El PSOE argumenta que los 80.000 euros anuales destinados a estos concejales, quienes según ellos solo se limitan a apoyar al equipo de gobierno en los plenos, representan un gasto injustificado y carente de ética.
El conflicto se centra en la asignación de dedicaciones exclusivas y delegaciones a los mencionados concejales de Vox, una maniobra que el PSOE califica de inadmisible desde un punto de vista ético. La suma en disputa asciende a 37.223 euros anuales por cada concejal, lo que ha llevado al PSOE a buscar una resolución judicial que podría forzar la devolución de estos sueldos.
La tensión política en Ponferrada se intensifica con acusaciones de falta de transparencia y «actitudes cercanas al autoritarismo» por parte del alcalde, Marco Morala, y su equipo de gobierno, formado por PP y Coalición por El Bierzo. Ramón criticó duramente la gestión del gobierno municipal, señalando decisiones controvertidas como el arreglo de calles y la asignación de obras públicas.
Además, el PSOE denuncia prácticas cuestionables en la gestión de proyectos y fondos, como la modificación de proyectos urbanísticos y la asignación de obras a empresas vinculadas a concejales. Estas acciones, según el partido, reflejan una vuelta a «los tiempos negros» en la política local.
La situación se agrava con el incremento del paro y la gestión de proyectos clave como la zona de bajas emisiones y el centro de salud de la parte alta de la ciudad. El PSOE advierte sobre el futuro de Ponferrada bajo la actual administración, augurando un empeoramiento en la gestión municipal y en la calidad de vida de sus habitantes.
