A una década del cierre abrupto de Friger, la empresa berciana especializada en sistemas de refrigeración, los ecos de injusticia resurgen. El 30 de julio de 2024, los juzgados de Ponferrada revisarán las denuncias presentadas por los antiguos trabajadores de la empresa, quienes acusan a Silvestre Blanco, propietario de Friger, y a seis miembros de su familia, de alzamiento de bienes e impagos.
Friger, con naves en Ponferrada, Toral de los Vados y Carballeda de Valdeorras, cerró sus puertas entre finales de 2011 y principios de 2012, dejando a cerca de 210 personas sin empleo. Los trabajadores, sumidos en la incertidumbre y la desesperación, se vieron obligados a trabajar durante un año sin recibir remuneración alguna, antes de que se autorizaran las extinciones de los contratos de trabajo por causas económicas, organizativas y de producción.
La Fiscalía solicita tres años y medio de prisión para Silvestre Blanco, y tres años para cada uno de los demás miembros de la familia acusados. Las investigaciones sugieren que todos participaron en la venta de activos de la empresa, que en su apogeo llegó a tener 800 empleados. Los trabajadores, por su parte, solo han recibido un 35% de lo adeudado.
Este caso, marcado por la desaparición de bienes en Sevilla, Tenerife y Coruña, y por deudas que superan los 900.000 euros, simboliza la lucha constante por la justicia y la reivindicación de derechos laborales. La reapertura judicial del caso Friger en 2024 representa una luz de esperanza para los afectados, quienes anhelan una resolución justa y el reconocimiento de los daños sufridos.
La comunidad de El Bierzo, y especialmente los antiguos empleados de Friger, aguardan con expectación el veredicto judicial, que podría marcar un precedente en casos de alzamiento de bienes e impagos en la región.
