El Ministerio de Transportes ha lanzado una clara advertencia a cerca de 200 municipios españoles: la necesidad de mantener sus proyectos de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) o enfrentarse a posibles sanciones financieras. Esta medida se enmarca en un esfuerzo por promover la movilidad sostenible y reducir la contaminación en las principales ciudades del país.
En una reciente comunicación, el Ministerio subraya que los cambios en las ZBE no solo deben ser notificados, sino también aprobados por la secretaría de Estado de Transportes. De lo contrario, los ayuntamientos podrían verse obligados a devolver las ayudas recibidas, que en el caso de Ponferrada, rondan los 3 millones de euros.
Sin embargo, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha manifestado no haber recibido dicha comunicación. Morala mantiene su postura de solicitar una moratoria hasta 2028 para la implementación de la ZBE, argumentando el impacto negativo que podría tener en el comercio local.
Es importante recordar que la Ley de Cambio Climático establece que los municipios con más de 50,000 habitantes deben tener zonas restringidas al tráfico contaminante para el año 2023. A pesar de las advertencias, Morala sigue adelante con proyectos de movilidad, como el fomento del uso de la bicicleta, que aún no han sido adjudicados.
La situación pone en evidencia la tensión entre las políticas medioambientales y las preocupaciones locales. Las próximas decisiones de Ponferrada serán cruciales para determinar el rumbo de la ciudad en términos de sostenibilidad y desarrollo económico.
