Victorino Alonso, el magnate de la minería, se encamina hacia su encarcelamiento para cumplir una condena de cuatro años dictada por un delito medioambiental cometido en Nueva Julia. La Audiencia Provincial de León ha desestimado su petición de suspensión de la pena y ha confirmado la sentencia inicial, en vigor desde 2021, y recientemente ratificada por el Tribunal Supremo.
El Tribunal ha tomado en consideración la gravedad de la condena, el historial delictivo de Alonso, que incluye varias condenas, así como su «no positivo» pronóstico de reinserción. A estos se suma el hecho de que aún no ha saldado la responsabilidad civil de más de 24 millones de euros que le fue impuesta.
Las alegaciones de Alonso de problemas de salud para evitar la prisión han sido también desestimadas por el Tribunal. Según el informe del Médico Forense, la condena no supondrá un peligro para su vida, salud, integridad física o psíquica. El Tribunal ha rechazado las razones adicionales presentadas por el condenado, y ha hecho hincapié en que no existe un deber especial de benevolencia ni una facultad de equidad en el cumplimiento de las penas.
Los esfuerzos del empresario minero Victorino Alonso por evitar la prisión se ven así frustrados. El fiscal que lleva el caso, Ismael Tascón, sostuvo la necesidad de su encarcelamiento. Tras un prolongado proceso de trece años, con las dificultades que implica una ley de minas, Tascón considera que ha conseguido demostrar que el sistema funciona.
El Tribunal ha rechazado también la defensa basada en la edad de Alonso (70 años) y su situación familiar, como la grave lesión sufrida por su esposa en un accidente de tráfico en 2000, la muerte de un hijo y las heridas de una hija. El Tribunal sostiene que concederle el beneficio solicitado sería un caso claro de arbitrariedad, algo explícitamente prohibido por el artículo 9 de nuestra Constitución.
El hecho de que Victorino Alonso no haya realizado ningún esfuerzo para pagar los más de 24 millones de euros impuestos como responsabilidad civil, junto a la gravedad del delito y su historial penal, han llevado al Tribunal a la conclusión de que su pronóstico de reinserción y suspensión de la pena no son positivos. Con esta decisión, se establece un hito importante en la lucha contra los delitos medioambientales.
