Los cimientos de Ponferrada se tambalean tras una condena histórica dictada por el Juzgado de lo Penal local. Cinco miembros de un clan familiar enfrentarán sentencias de entre 9 y 15 años por la explotación sexual de dos mujeres y la integración en un grupo criminal. Este fallo es un hito en la historia del partido judicial de Ponferrada, siendo la primera vez que se impone una sentencia por estos cargos, según informa Radio Bierzo.
El caso surge de la Operación Drapico, iniciada en octubre de 2021 por la Guardia Civil de Ponferrada. La operación se centró en desmantelar una organización criminal, acusada no sólo de explotación sexual, sino también de detenciones ilegales, robos en viviendas y circulación de billetes falsos.
Las dos víctimas, mujeres de nacionalidad española, fueron forzadas a trabajar en la industria del sexo contra su voluntad. Las retuvieron sin su documentación personal y teléfonos móviles. Los servicios de estas mujeres eran anunciados en sitios web de contactos, y eran obligadas a prostituirse en tres apartamentos en el Bierzo y a bordo de una furgoneta que se desplazaba a estaciones de servicio en el norte de España.
Los investigadores identificaron a los integrantes del grupo, que contaban con un extenso historial de antecedentes policiales. En total, seis personas fueron detenidas, acusadas de dos delitos de detención ilegal, dos de explotación sexual, cuatro de robo con fuerza en las cosas, uno de falsificación de moneda y otro de pertenencia a organización criminal.
Las víctimas sufrieron de abusos extremos, se les negaba asistencia médica a pesar de las lesiones causadas por la explotación sexual forzada. Se les obligaba a consumir drogas para que continuaran trabajando sin descanso.
Al recopilar suficientes pruebas, la Guardia Civil de Ponferrada solicitó y obtuvo permisos para registrar varios domicilios utilizados por la organización. Los agentes incautaron dos pistolas detonadoras, diversas armas blancas, pequeñas cantidades de droga y moneda falsa, y la documentación personal de las víctimas en los registros llevados a cabo en Toral de los Vados y Ponferrada.
Esta sentencia sin precedentes marca un hito en la lucha contra la explotación sexual y los delitos de organización criminal en la región. Mientras Ponferrada todavía asimila el impacto de este caso, la comunidad espera que este fallo sirva para disuadir futuros actos de este tipo.
